El Real Decreto 1155/2024, aprobado el 19 de noviembre de 2024 y publicado en el BOE el 20 de noviembre, se encuentra en vigor desde el 20 de mayo de 2025, derogando el anterior RD 557/2011. Este reglamento actualiza la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, con el objetivo de simplificar trámites, promover la integración y alinear la normativa con las directivas de la Unión Europea. A continuación, se resumen los cambios clave:

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1. Simplificación de Trámites y Digitalización

• Digitalización: Se permite la presentación telemática de solicitudes y notificaciones electrónicas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la transparencia.

• Estandarización: Se unifican criterios en las oficinas de extranjería, con requisitos documentales claros para evitar ambigüedades.

• Duración de permisos: Las autorizaciones iniciales tendrán una validez de 1 año, con renovaciones de 4 años, facilitando estabilidad.

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2. Modificaciones en el Arraigo

• Reducción de plazos: El tiempo de estancia requerido para solicitar arraigo se reduce de 3 a 2 años, excepto para el arraigo familiar.

• Nuevas modalidades:

  • Arraigo social: Basado en vínculos familiares o integración acreditada por informe del Ayuntamiento o CC.AA.

  • Arraigo sociolaboral: Requiere contratos laborales de al menos 20 horas semanales con salario mínimo proporcional.

  • Arraigo socioformativo: Sustituye al arraigo por formación, permite trabajar hasta 30 horas semanales durante estudios.

  • Arraigo de segunda oportunidad: Para quienes perdieron su autorización de residencia en los últimos 2 años.

  • Arraigo familiar: Sin requisito de tiempo mínimo, para familiares de ciudadanos de la UE no españoles.

• Permiso transitorio: Hasta el 20 de mayo de 2026, los solicitantes de asilo con denegación firme, pueden optar a una solicitud  por arraigo con solo 6 meses de estancia irregular y el resto de requisitos (salvo la estancia), del arraigo en cuestión.

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3. Reagrupación Familiar

• Nuevas categorías: Incluye a hijos hasta 26 años, parejas no registradas con relación análoga y familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.

• Flexibilidad: Ascendientes y descendientes mayores de 18 años pueden solicitar residencia desde España hasta el 20 de noviembre de 2025, sin necesidad de regresar a su país de origen.

• Trabajo: Los familiares reagrupados pueden trabajar durante la tramitación de su solicitud.

• Se ha creado un estatuto específico para familiares de españoles.

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4. Visados y Estancia

• Título específico para visados: Clarifica requisitos y procedimientos para visados de corta y larga duración, incluyendo tránsito aeroportuario, estancia por estudios y búsqueda de empleo (extendido de 3 meses a 1 año).​

• Estancia por estudios: Permite trabajar hasta 30 horas semanales y cursar hasta el 50% de los estudios online. Se facilita la transición a permisos laborales tras finalizar estudios.

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5. Trabajo y Contratación

• Autorización para actividades temporales: Facilita la contratación individual y colectiva en sectores como agricultura y hostelería, con posibilidad de cambiar de empleador en casos de abuso.

• Gestión colectiva (GECCO): Permite tramitar múltiples autorizaciones (mínimo 10) para trabajadores no residentes en España.

• Reconocimiento de cualificaciones: Simplifica la validación de títulos extranjeros y ofrece formación adaptada al mercado laboral.

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6. Otras Disposiciones

• Protección de derechos: Refuerza los derechos laborales y sociales, transponiendo directivas como la 2014/36/UE y la 2024/1233/UE.

• Menores no acompañados: Introduce medidas para proteger a menores en situaciones de contingencia migratoria (RD-ley 2/2025).

• Transitoriedad: Las solicitudes presentadas antes del 20 de mayo de 2025 se resolverán según la normativa anterior, salvo solicitud expresa de aplicar el nuevo reglamento.

 

RESUMEN

El reglamento busca modernizar la gestión migratoria, estimando la regularización de hasta 300.000 personas al año, promoviendo la integración a través de trabajo, formación y familia. Sin embargo, organizaciones sociales critican que no aborda una regularización generalizada y que introduce restricciones para solicitantes de asilo. La norma ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, y se tramita una Iniciativa Legislativa Popular para regularizar a 400.000 extranjeros.